Francisco Erice
Ediciones Trea
Gijón, 2017.
286 páginas.
Contrariamente a lo que algunos piensan, el régimen franquista no solo ejerció una represión sangrienta en los años de la guerra y la inmediata posguerra, sino que la represión contra la disidencia política, particularmente la comunista, no cesó en las etapas siguientes. Lejos de convertirse en una “dictadura benévola”, paternalista y desarrollista, el régimen franquista prosiguió su implacable trayectoria de sangre y muerte, solo que el aparato represivo tuvo naturalmente que adaptarse a las nuevas formas de movilización social, recurriendo a mecanismos que iban desde el miedo y un estrecho control político y social a las detenciones y las torturas policiales, los consejos de guerra o el sistema carcelario.
El autor pasa revista a las diferentes formas de la lucha clandestina entre 1956 y 1963, basándose en informes, relatos y testimonios personales conservados en los archivos, particularmente el del PCE, a través de los cuales reconstruye una historia, “hecha de miles de historias” de los hombres y mujeres, cuyo esfuerzo contribuyó a debilitar y socavar un régimen que siguió ejerciendo la violencia y la represión hasta su desaparición de la escena política.
El autor nos explica las razones por las que su estudio comprende el periodo de 1956 a 1963. Así, vemos que la primera fecha reviste particular importancia: el: 15 de noviembre de 1956, en la ciudad de Granada, el comunista Ricardo Beneyto Sapena, condenado y sentenciado a muerte, era fusilado por un pelotón de ejecución. Casi ocho años más tarde, en la madrugada del 20 de abril de 1963, otro comunista, Julián Grimau, tenía el mismo fin en el campo de tiro de Carabanchel. Al primero no se le habían podido probar sus actividades guerrilleras, y, para el segundo, el proceso tuvo que recurrir a supuestos delitos cometidos durante la etapa del acusado como funcionario de los cuerpos policiales republicanos, es decir, a delitos supuestamente cometidos hacía un cuarto de siglo. Aunque estos dos casos pudieran dar lugar a pensar que los métodos represivos del régimen permanecían intactos, formaban parte, en realidad, de lo “excepcional normal” dentro del periodo analizado, y venían a demostrar que el franquismo, cuando lo estimaba necesario, no vacilaba en recurrir a los métodos más brutales, y que la violencia punitiva siguió formando parte de la práctica de la dictadura hasta su extinción.
Tanto Beneyto como Grimau serían los dos últimos militantes comunistas en ser ejecutados dentro de la “legalidad” franquista. Desde entonces, la mano ejecutora del régimen se abatió principalmente sobre grupos anarquistas, ultraizquierdistas o nacionalistas radicales partidarios de la lucha armada. En el periodo analizado, nos dice el autor, rara vez se condenaba a muerte por razones políticas, y los detenidos no fallecían ya en las dependencias policiales, lo que no impedía que la Brigada Político-Social, y, a veces, la Guardia Civil, convirtieran los interrogatorios en sesiones continuas de torturas; que los consejos de guerra despacharan en pocas horas juicios con condenas larguísimas y sin apenas garantías de defensa, y que los desafectos al régimen fueran víctimas de otras muchas medidas coercitivas institucionales.
Si la represión durante la guerra civil y los primeros años del franquismo ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación, la violencia ejercida por los órganos policiales y judiciales en periodos posteriores del franquismo ha sido, en cambio, menos estudiada. Esta investigación de Francisco Erice viene pues a colmar una laguna, ya que contribuye sin lugar a dudas a desmentir la imagen de un régimen que habría evolucionado de una dictadura pura y dura a un “régimen autoritario”. Erice desmonta la falacia que algunos historiadores, siguiendo la definición de “régimen autoritario”, acuñada por el sociólogo Juan Linz, han hecho suya, para calificar al régimen franquista, particularmente a partir de 1957, cuando entraron en el Gobierno los llamados “ministros tecnócratas”, miembros de la secta católica ultramontana del OPUS DEI.
En cuanto a las razones para centrar su estudio en los comunistas durante ese breve periodo, el autor nos explica que ello se debe a que los militantes del Partido Comunista constituían sin la menor duda la fuerza ampliamente dominante dentro de la resistencia antifranquista. Las organizaciones históricas del movimiento obrero, tanto socialistas como anarcosindicalistas, habían sido totalmente desmanteladas como consecuencia de la dura represión inicial de los años cuarenta, sin conseguir volver a reconstruirse debidamente. En cambio, para los jóvenes que empezaban a tomar conciencia política y se rebelaban contra las injusticias sociales en los años cincuenta, el Partico Comunista, bien disciplinado, coherente ideológicamente y con un historial de heroica resistencia, aparecía como la única opción posible. El año de 1956 fue crucial en la historia del movimiento antifranquista. En ese año, surgió una oposición al franquismo, la estudiantil, en la que participaron jóvenes de una generación que no había vivido la guerra, muchos de los cuales provenían de familias de vencedores en la guerra civil.
Al propio tiempo, esos años coinciden con el momento en el que el Partido Comunista da a su política un giro táctico, que repercutirá en su desarrollo posterior. En el mes de junio de 1956 publicaba su solemne declaración Por la Reconciliación Nacional: por una solución democrática y pacífica del problema español, destinada fundamentalmente a sentar las bases del entendimiento entre las fuerzas democráticas para lograr un “cambio pacífico” en España.
En cuanto al límite cronológico final, que el autor fija en 1963, se debe a que en ese año, las huelgas mineras de Asturias confirmaban el cambio de tendencia iniciado en 1962. Además, la enorme repercusión causada por la ejecución de Julián Grimau impulsó una campaña de denuncia del régimen, que permitió visualizar, como nunca hasta entonces, a nivel internacional el carácter criminal e implacable de la dictadura franquista. Otra razón importante relacionada con el aparato represor de la dictadura, fue la creación en 1963 del Tribunal de Orden Público (TOP). A partir de entonces la mayoría de los delitos de opinión y de acción política no eran ya juzgados por tribunales militares, sino que pasaban a otra jurisdicción también especial, pero de carácter civil, lo cual significaba penas menores y mayores posibilidades de defensa. Con la creación del TOP el régimen pretendía mejorar su imagen ante la opinión internacional. Aunque pecara de parcial y sus juicios fueran durísimos, significaba, con todo, un progreso respecto de los consejos de guerra anteriores, así como respecto del Tribunal Especial dirigido por el siniestro coronel Eymar. El TOP inauguraba, pues, una nueva etapa.
Militancia clandestina y represión constituye un excelente trabajo de investigación, bien documentado, riguroso y crítico. Como bien dice el autor en la Introducción, aunque se trata de un trabajo académico, sería caer en la más absoluta insensibilidad ética, permanecer impasible y mantenerse asépticamente distanciado, cuando se habla de torturas y tratos inhumanos. Por ello se pregunta, y reproducimos sus palabras: “¿Cómo no conmoverse, aún en esta época nuestra de escepticismo y relativismo ideológico, con gentes que, en razón de sus fuertes convicciones, padecieron largos años de cárcel, despidos y persecuciones; que vieron truncadas sus expectativas familiares, laborales y profesionales, sabiendo de manera inequívoca que su militancia no iba a reportarles provecho personal alguno?”
Valía la pena contar las “historias”, dentro de la Historia total, de los miles de militantes comunistas del periodo analizado, cuyas luchas en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo prepararon el camino para la instauración de la democracia en España.
Francisco Erice.